La Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, constituye el marco normativo fundamental para la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes. Su propósito principal es garantizar que, en el ámbito de la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, así como en la ejecución de sanciones y la salvaguarda de la seguridad pública, se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta normativa busca armonizar las necesidades operativas de los organismos de seguridad y justicia con la exigencia de un tratamiento lícito, transparente y proporcional de la información sensible. De este modo, establece obligaciones claras para los responsables del tratamiento, incluyendo la implementación de medidas de seguridad rigurosas y la designación de un delegado de protección de datos, asegurando así un equilibrio entre la eficacia policial y la preservación de la privacidad.