La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene como finalidad principal adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y completar sus disposiciones, además de garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato constitucional. Este marco normativo establece un sistema integral donde se regulan, entre otros aspectos, los principios de tratamiento de datos, los derechos de los afectados, las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento, así como el papel fundamental de las autoridades de protección de datos, destacando la Agencia Española de Protección de Datos como autoridad administrativa independiente.
Asimismo, la ley dedica un título específico a la protección de los derechos digitales en la era actual, reconociendo derechos fundamentales como la neutralidad de Internet, la seguridad y educación digital, así como el derecho al olvido y a la desconexión digital en el ámbito laboral. Esta normativa también aborda el tratamiento de datos en escenarios específicos, como la videovigilancia o los sistemas de información crediticia, y establece un régimen sancionador estructurado en infracciones leves, graves y muy graves para asegurar el cumplimiento efectivo de las garantías sobre los datos personales y la privacidad de los ciudadanos.