La UE quiere reforzar su ciberseguridad mediante la reforma del Cybersecurity ACT, aumentando el control sobre proveedores tecnológicos de terceros países que puedan suponer un riesgo para las cadenas de suministro TIC y las infraestructuras críticas.
El principal debate esta en que algunas de estas restricciones podrían discriminar a empresas extranjeras y entrar en conflicto con las normas de la OMC. Por ahora, se trata de una cuestión jurídica abierta: la OMC no ha declarado ilegal la reforma.